/ 50Colombia y su situación en el siglo XXI
Una aproximación histórica
Desde la llegada de los españoles en 1492, Colombia ha pasado por los modos de producción feudal, esclavista y capitalista, lo cual da la base estructural socio-económica a la Colombia de hoy. Y por las luchas populares contra las clases dominantes que esos sistemas económicos han generado y acicateado.
La encomienda y la mita, impuestas por los invasores españoles, encarnaron una mezcla de la utilización de la servidumbre feudal y el trabajo asalariado que anunciaba la aparición del capitalismo, sistema socio-económico que se desarrollaría con más fuerza con la "colonización antioqueña"; la producción de mercancías por los artesanos; la manumisión de los esclavos y con las libertades para comercializar sin muchos obstáculos aduaneros el café, el tabaco, la quina y el añil.
Los grandes latifundistas, apoyados principalmente en la aparcería y la esclavitud de los negros, practicaron una singular integración entre la esclavitud y el feudalismo, heredados de la colonización española. Así mismo, la solidaridad entre indígenas y esclavos llevó a concentrar esfuerzos que aceleraron la desaparición de la esclavitud y de ciertas formas de servidumbre.
Los monopolios nacionales y extranjeros dominan
El neoliberalismo y sus estragos
Las medidas neoliberales han agravado la crisis de Colombia porque, entre otros factores, Washington pretende eliminar la soberanía nacional en todos sus aspectos. El TLC y el ALCA son un ejemplo de esa pretensión que se complementa con las formulaciones injerencistas de la Carta Democrática Interamericana de la OEA y el Plan Colombia que tiene un alto componente militar argumentado con la excusa de combatir el terrorismo y el narcotráfico, cuando en realidad son protección para los capitales extranjeros a expensas de la libertad de los nacionales colombianos.
La pregonada "inserción de Colombia en la globalización", la “desregulación, flexibilización y liberalización” de los mercados internos que reza todo neoliberal fueron plasmados en la Constitución del 91 y como lo afirmó nuestra I Convención Nacional, no aseguraron el progreso y la independencia económica añoradas por los colombianos.
Las privatizaciones y la desregulación de la economía han dado lugar al predominio de muy bajos índices de crecimiento, o incrementos del Producto Interno Bruto que no se apoyan en el desarrollo de la industria y la agricultura sino en la burbuja de la especulación financiera, el gasto público y el militarismo. Legislatura tras legislatura, luego de aprobada la Constitución del 91, se reducen las transferencias y la inversión social, aumentando la desprotección de millones de seres mientras hacen el gran negocio los privilegiados particulares socios o testaferros de los magnates financieros nacionales y extranjeros, que cada vez más nos dejan inermes ante las ondas especulativas de las bolsas de valores de los grandes centros financieros, mientras que el neoliberalismo no puede estabilizar los ingresos de sectores exportadores y la peligrosa pérdida del ahorro interno.
Si bien para el 2007 se dio un crecimiento del PIB por encima del 7 por ciento, luego de 2008 este indicativo cayó abruptamente a un 2.5 por ciento, en contra de las opiniones del gobierno los especialistas estimaron que para el 2009 la tendencia del crecimiento sería cero, lo que demuestra que la crisis económica que atraviesa el país, no despega, ni aún con la llamada “confianza inversionista” generada por la también fracasada “seguridad democrática” como lo indican los altos índices de criminalidad en las ciudades que concentran la mayor cantidad de habitantes de Colombia.
El dominio imperialista del norte con medidas como el ALCA y el TLC, en su esencia, pasa cada día más de un control indirecto a un dominio más directo del mercado y del ahorro interno y, por ende, a estrangular la base industrial, agrícola y de servicios, afectando severamente la formación del capital nacional. Siendo necesario resaltar que la defensa de esos mercados incluye medidas de fuerza como la implantación de sus bases militares en Colombia, la reactivación de la IV Flota que navega en las aguas del Cono Sur de nuestra América y las conspiraciones contra gobiernos democráticos y progresistas como el de Hugo Chávez y Evo Morales.
Existe gran incertidumbre sobre el futuro de los principales sectores productivos del país, en general muy ineficientes, al ser sometidos a la doble tortura de la mayor competitividad en casi todos los rubros y las difíciles condiciones financieras internas, heredadas del fracasado aperturismo neoliberal impulsado con especial fuerza por el gobierno de César Gaviria guiado por el articulado económico de la Constitución del 91.
Si hasta hoy la mayoría de las empresas, comercios y bancos están dando ganancias, se espera que disminuyan, además, pueden aparecer sensibles pérdidas en algunos sectores, y con tendencia a empeorar de continuar las condiciones negativas internacionales y nacionales.
El narcotráfico en la economía, la guerra y la política
El estruendo del narcotráfico en el país y el mundo ha tenido mucho de insondable pero cada día aumentan las voces contra la política imperialista de guerra antidroga (que incluye al Plan Colombia) y el prohibicionismo, aparecen nuevas iniciativas pugnando por la despenalización, entre esas voces están las de ex jefes de Estado y destacados académicos de distintas ramas del conocimiento.
La economía colombiana, además de sus rasgos de economía de guerra, está impregnada de los dineros del narcotráfico y los intríngulis de la corrupción. Los negocios internacionales se afectan con el tráfico de estupefacientes y se crea la excusa para la intervención de los EE.UU. Las cifras de este “agujero negro” de la economía son tan imprecisas como cuantiosas, superan 10.000 millones de dólares anuales y producen un gran impacto económico, político, social y militar en todo el país. Tanto así que el paramilitarismo se ha nutrido de esos dineros para sus operaciones militares y evolucionó hasta convertirse en verdadero cartel de la droga.
El gobierno norteamericano apadrina sus propias mafias y deja que los bancos de su país sean los principales medios de legalización de los inmensos capitales de éstas.
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez replicó el comportamiento gringo con la Ley de "justicia y paz" de 2005, de la cual se derivaron legalizaciones de jugosos capitales y dividendos políticos para cambiar la Constitución, asegurar su reelección y apuntalar el impulso del proyecto de corte fascista: el “Estado Comunitario”. La extradición de los capos participantes en el proceso del Ralito no desvirtúa lo anterior ni deja libre de responsabilidades al gobierno reeleccionista de Uribe.
El procesamiento y distribución de sustancias alucinógenas, ligadas a otras actividades ilegales, generan unas súper ganancias por las singularidades de su producción y venta para satisfacer la gran demanda de los derivados de la coca y la amapola en Norteamérica.
Los carteles colombianos lograron destacarse en este rentable negocio capitalista cuyos dividendos son aprovechados por los empresarios de las ramas legales de las finanzas, la producción, el comercio y los servicios, así como por el mismo Estado, que valiéndose de distintas formas no ha dejado de tener lo que se llamó la “ventanilla siniestra” del Banco de la República, que legalizaba dólares procedentes de ilícitos.
En general, se destaca el resultado funesto del narcotráfico en la vida del país. Además de constituir una actividad económica en la que están altamente comprometidos los grandes monopolios del país y las trasnacionales, ha servido como estrategia para acabar con el aparato productivo y acrecentar el dominio de sectores burgueses emergentes que pugnan con los oligarcas tradicionales por el control y la hegemonía del Estado colombiano.
La antidemocracia del régimen político
Estas bases o estructuras sociales y económicas, a todas luces injustas, han incentivado la respuesta popular reclamando solución política al conflicto político, social y armado en búsqueda de la paz con justicia social.
Colombia a lo largo de su historia vive un ejercicio del poder político que atiza el conflicto, basado en el desarrollo de fuertes tendencias autoritarias, militaristas y guerreristas, a menudo inspiradas en tesis fascistas, que socavan más las débiles bases del "Estado Social de Derecho" que se propuso la Constitución del 91; hoy en vía de extinción con el embeleco de corte fascista llamado "Estado Comunitario", consagrado en la Ley del Plan del 2003, el cual prolongarán hasta el 2010 con muy pocas modificaciones.
No menos notorio en la vida de Colombia es el peso del centralismo que aplasta el desarrollo de la mayoría de regiones, excluye y posterga aspiraciones democráticas de los pueblos negros, indígenas y raizales, al igual que subvalora o destruye recursos naturales valiosísimos. El neoliberalismo y las prácticas fascistas han ido recortando los pasos limitados que contra el centralismo autoritario dio la Constitución del 91.
Los dueños de la fortuna y el poder dominan el Estado y lo tienen a su servicio. Sin embargo, alardean sobre “la tradición democrática de Colombia” citando el “buen funcionamiento de las instituciones”, los calendarios electorales y la ausencia de “rupturas institucionales” como golpes de Estado o cierres del Congreso, si bien ya la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 2008 por el cohecho de la congresista Yidis Medina declaró ilegal e ilegítima la reelección de Uribe Vélez, asunto que rehuyó estudia la Corte Constitucional acudiendo a una leguleyada.
La realidad es que cada día es más evidente la existencia de un régimen aparentemente democrático, del predominio de la democracia restringida y el autoritarismo presidencialista.
De eso dan cuenta episodios tan tristes como los 16 años del Frente Nacional de alternancia liberal-conservadora en el gobierno con la exclusión de las demás opciones políticas, que resultó el peor remedio a la violenta antidemocracia que pasó por el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, generando un gran levantamiento popular y el inicio del triste episodio llamado “La violencia”, antesala del actual movimiento insurgente y el conflicto armado que vive Colombia hace más de cuatro décadas.
También hacen parte de las “tradiciones democráticas” de Colombia la aplicación de la teoría de “seguridad nacional” del Pentágono que dio origen a los actuales grupos paramilitares; el uso, casi permanente, del Estado de Sitio o Ley Marcial por décadas, y la posterior institucionalización de las medidas de orden público y judiciales dictadas bajo el Estado de Sitio, tarea encargada en especial al llamado “Congresito” que funcionó como apéndice o prolongación de la “Asamblea Constitucional” que votó la Carta del 91, bajo la Presidencia del neoliberal César Gaviria Trujillo. Tampoco escapa a esas “tradiciones democráticas” una gran humillación a la dignidad nacional materializada en la extradición, una verdadera sumisión al dictado jurídico de la “Casa de Justicia” norteamericana.
En general, los colombianos sufrimos una sistemática reducción de la libertad política y del derecho a la información vulgarmente negado con la monopolización de los medios de comunicación por unos pocos conglomerados que se van asociando con el capital transnacional.
La elaboración de estatutos penales especiales para combatir la lucha social y no sólo a la insurgencia, se complementan con los reglamentos de trabajo interno para asfixiar a los trabajadores e impedir su sindicalización y los derechos de petición, negociación y huelga.
En este marco antidemocrático, Álvaro Uribe y su bancada aprobaron en 2003 el Estatuto Antiterrorista que mejora el Estatuto de Seguridad del ex presidente liberal Julio César Turbay en 1979. La Corte Constitucional lo derogó pero aún así continúan las redadas y detenciones indiscriminadas como la ocurrida el 11 de marzo en Bogotá a propósito de la protesta contra la visita del imperialista Bush que dejó 320 detenidos. Las FFMM en la práctica siguen ejerciendo funciones de policía judicial, la autoridad militar continúa actuando por encima de la civil en muchísimos casos, entre otras acciones y medidas contra la libertad política y los derechos civiles de los ciudadanos de las capas excluidas y discriminadas por el capital. Es larga la lista de presos políticos que han purgado y cumplen largos años de injustas penas.
Tampoco están atrás los intentos corporativistas que violan acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para estatizar o controlar al milímetro a las organizaciones sindicales, cooperativas y otros entes sociales de los ciudadanos.
No podemos pasar desapercibido que en esas “tradiciones democráticas” del país incluyen la llamada “tradición civilista” de las FFMM que han copiado los manuales de la Escuela de Las Américas y obedecido al Comando Sur de los Marines Norteamericanos, que han consentido o impulsado el paramilitarismo con apoyo legal desde 1965 y transitan hacia la paulatina conversión en cuerpos de élite mercenarios, con fueros especiales y violaciones frecuentes de los derechos humanos con los “falsos positivos”, que son nuevas versiones de la guerra sucia contra el pueblo y sus líderes que ha dejado un gran saldo de desapariciones, torturas, atentados y ejecuciones sumarias.
Estas medidas hacen parte del reforzamiento del papel de la rama ejecutiva del Estado para dejar bajo su arbitrio a las demás ramas del poder público y eliminar los contrapesos democráticos llegando hasta el delirio con la aprobación de la reelección, sin modificar de conjunto la Constitución para brindar garantías a todos los candidatos a la primera magistratura del país. Así, en vez de evitar las viejas exclusiones aprendidas en el “Frente Nacional” se las recuerda para aplicarlas en beneficio de la coalición “primero Colombia” que reeligió al Presidente y ahora incide en la conformación de las instancias de control, las altas cortes de justicia y la directiva del Banco de la República hasta coparlas con los partidos que la integran.
Es evidente que los gobiernos y las instituciones del Estado, así como la prensa y muchas organizaciones de la oligarquía para difundir su pensamiento, sólo recuerdan la carta de derechos económicos, sociales y culturales consignada en la Constitución para ver cómo pisotearla. O simplemente, para posar de demócratas recitando su letra, que en la práctica está muerta.
Podemos resumir indicando que la antidemocracia que caracteriza el Estado colombiano muestra a diario la falacia de la existencia de un Estado Social de Derecho, que en su delirio mesiánico el presidente Uribe dice haber llevado a la etapa superior que es el más abusivo “Estado de Opinión”, y le dan peso político a los argumentos y las acciones orientadas a conquistar una Nueva Constitución al servicio del pueblo.
